España es una sucesión de cromos repetidos. Desde distintos sectores ha comenzado a cuestionarse la eficacia y viabilidad de la duplicidad de gestiones, con sus correspondientes gastos, que llevan a cabo los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas frente al Gobierno central. Un derroche que en tiempos de bonanza nos confería una imagen de país democrático y respetuoso con las decisiones que tomaba la región vecina. Y que hoy en día no ha resultado ser más que un aprendiz de estado confederado.
Con la crisis han salido a flote los despropósitos económicos que se han convertido en un lastre más para un país en una cuerda floja que no termina de tensarse. Y, mientras tanto, la cuenta del debe no deja de crecer. Los datos son desoladores: 115.000 millones de euros en deuda autonómica, 13.000 en déficit sanitario, un presupuesto de 400 millones de euros para 17 parlamentos, más de tres millones de asuntos pendientes en los tribunales entre otros muchos aspectos que se detallan, meticulosamente, en “El despilfarro. La sangría de la España autonómica” (Editorial Espasa).
Su autor, el periodista económico, Federico Castaño habla con El Boletín sobre la situación a la que nos ha llevado el Estado de las Autonomías.
- ¿Estamos dirigidos por manirrotos?
-No se puede generalizar, pero casos de despilfarro hay muchos y el problema afecta a no pocas comunidades autónomas y ayuntamientos. Para no entrar en detalles concretos es útil describir la foto fija de las finanzas autonómicas y municipales, en parte condicionada por los gastos superfluos y la mala gestión hacendística de algunas de estas administraciones: deuda de 115.000 millones en las comunidades, que puede llegar a los 140.000 en este ejercicio, y deuda municipal de 35.000 millones de euros. Si a ello se le suma que el gasto consolidado de las 17 comunidades supera los 148.000 millones, pues obtenemos la conclusión de que estamos ante una situación insostenible.
- Hay algo que sigue llamando la atención, en general, con tantas noticias que aparecen sobre gastos desproporcionados, altos cargos con coches, telefonía y ayudas de todo tipo en poblaciones con un alto porcentaje de paro, por ejemplo, y, sin embargo, es como si estuviéramos inmersos en una apatía o resignación.
-Al ciudadano corriente lo que más le preocupa es el paro y la crisis económica. Pero, en este contexto, tolera muy mal los ejemplos de dispendio y de gasto obsceno. La crisis ha dejado a la clase media sin cinturón de seguridad. Hay ciudadanos que hace tres años o cuatro tenían un trabajo fijo y vivían en condiciones razonables y ahora se encuentran en una situación que los expertos definen como la del pobre vergonzante. El umbral de pobreza podría situarse en unos ingresos por debajo de los 16.000 euros anuales para una familia compuesta por el matrimonio y dos hijos, o de 8.000 euros para un hogar habitado por una sola persona. Con estos parámetros, podemos calcular que 800.000 ciudadanos se encuentran en una situación límite y que cerca de nueve millones atraviesan serias dificultades. Los servicios de Cáritas y de Cruz Roja se encuentran desbordados. La alarmante radiografía se completa con casi cinco millones de parados, el 43% de los jóvenes sin empleo y 1,7 millones de desempleados sin cobertura. Unas circunstancias en las que los gastos desproporcionados de algunas administraciones se hacen todavía más sangrantes.
- ¿Por qué hasta ahora nadie parece haberse dado cuenta de esa duplicidad de gastos que nos lastran?, ¿no tocaba o no interesaba?
- Todos sabíamos que existía esta duplicidad y más que nadie los propios gobiernos municipales y autonómicos. Ya hace tiempo, un clásico en esta literatura, el profesor Manuel Clavero Arévalo, decía que la nueva administración autonómica debía basarse en la reducción de las otras ya existentes, lo que debía implicar, por ejemplo, una reducción de ministerios. La experiencia nos demuestra que hemos caminado exactamente al revés. En las comunidades han proliferado los tribunales autonómicos de competencia, los órganos de control externos, las universidades públicas, las oficinas de turismo en el extranjero y, así, un largo etcétera de organismos duplicados dentro de un proceso que los expertos denominan la mitosis instrumental, que ha provocado que en España convivan 17 grupos empresariales públicos y haya más de 2.000 entidades en forma de consorcio o sociedades mercantiles en las que anida mucha veces la ineficacia y el derroche. La inercia nos había llevado a tolerar todas estas cosas, pero ahora la crisis hace imposible su sostenimiento.
- ¿Tan mal estamos y no nos lo dicen?
-Pues se calcula que hay 30.000 millones de euros de impagados, de facturas guardadas en los cajones. Hasta el momento, buena parte de las administraciones públicas han hecho el ajuste retrasando el pago a los proveedores, una actitud que ha puesto en serias dificultades a miles de empresas pequeñas y medianas. Después del 22-M, el ajuste tendrá que hacerse por la vía del gasto, aunque corremos el riesgo de que se deje para después de las elecciones generales, decisión que agravaría aun más la situación.
- De todo este despropósito, ¿cuál es la situación más delirante?
-A mí lo que me parece más sangrante es que haya miles de ciudadanos pasándolo tan mal y no encuentren una respuesta inmediata en las diferentes administraciones. Tenemos que bajar todos de la nube porque este ha dejado de ser un país de ricos y el reparto de los costes debe ser mucho más equitativo. No se pueden pedir los sacrificios siempre a los mismos.
- ¿Desaparecerá la Sanidad Pública o la educación gratuita?
-No, pero lo que tampoco es sostenible es esquivar los debates de fondo sobre la forma de mantener desde un punto de vista racional el Estado del bienestar. Eso de que la sanidad ya la pagamos con nuestros impuestos a través del IRPF es una verdad a media que argumentan los que rechazan el copago. Lo primero que tendríamos que analizar es si realmente tenemos un Impuesto sobre la Renta progresivo. En cualquier caso, dada la situación extrema en que han quedado las arcas públicas, no veo razón por la cual no pueda incorporarse al sistema de salud un modelo en el que los ciudadanos de rentas más altas abonen un plus por los servicios que reciben en la sanidad o en la educación pública. Tenemos que hacernos a la idea de que nada es gratis y de que ha llegado la hora de pagar la factura de la barra libre que hemos disfrutado durante muchos años creyendo que vivíamos en el mejor de los mundos.
- Después de leerlo la pregunta es: ¿Hacia dónde vamos... o peor ¿dónde estamos? (y todavía no lo sabemos).
-Pues corremos el riesgo de que los grandes debates nacionales que debería tener este país se diluyan con medidas como la limitación de velocidad para distraer la atención de los verdaderos problemas. No es coherente que hayamos estado presumiendo durante tanto tiempo de tener las mejores infraestructuras del mundo para luego tener que salir de viaje un fin de semana y conducir como si estuviéramos en el seiscientos de la década de los sesenta. Falta racionalidad y, sobre todo, liderazgo político. La gente admite los sacrificios, pero se le tiene que decir para qué.
- Durante un tiempo se dijo que tanta noticia negativa corroía el estímulo para salir adelante, y se buscaban noticias agradables. Su libro es un compendio de desolación económica, ¿tiene miedo de que provoque rechazo precisamente por ese motivo? Porque parece que la gente es consciente, sí, pero prefiere no hablar todo el tiempo de lo mal que nos va todo.
-He tratado de elaborar un trabajo equilibrado. Es cierto que describe un panorama económico sombrío, pero al mismo tiempo concibe la crisis como una oportunidad. Los españoles están dispuestos a asimilar reformas que eran inconcebibles hace cinco o seis años. Por esta razón, la crisis se nos presenta también como una oportunidad. No se trata de derribar ningún edificio porque ha costado mucho tiempo levantarlo, se trata de fortalecer, precisamente, los cimientos con los que se construyó hace tres décadas, eliminando las imperfecciones y haciendo la vida más fácil a la gente. Un ejemplo: en España hay un millón de viviendas sin vender y cientos de miles de jóvenes que no pueden independizarse de sus padres. Y eso que hay concejalías de vivienda, consejerías de vivienda, secretarías de Estado y hasta ha habido hasta hace poco un Ministerio de vivienda. La eficacia de todos estos organismos está bajo sospecha…
- Ya solo falta el ranking al peor político, ¿serviría para algo saberlo?
-El peor político es aquel que concibe el cargo como un lugar para medrar y prefiere no pisar callos ni afrontar reformas arriesgadas. Los peores suelen ser los políticos que llamamos incombustibles…
- ¿Hay alguna solución que el común de los mortales entendamos? Es decir, sin recurrir al lenguaje macroeconómico.
-Hay comunidades que ya han hecho sus ajustes, como es el caso de la de Madrid, sin esperar a las elecciones del 22 de mayo. Cataluña también está en ello. Sin embargo, la mayoría de las administraciones ya elaboran en la sombra planes de contención del gasto muy severos que ayudarán a superar esta situación. Hay que tener en cuenta que el proceso de consolidación fiscal al que nos hemos comprometido con Bruselas nos obliga a tener un déficit del 3% del PIB en 2013 y ello compromete a todas las administraciones. Dejando al margen las pensiones, el gasto público lo gestiona en un 19% la administración central, en un 36% las administraciones autonómicas y el resto los ayuntamientos. Como la crisis ha azotado de manera tan brusca, los ingresos han disminuido en tal cuantía que a duras penas se pueden cubrir con la eficacia de antes servicios esenciales como la Ley de Dependencia, que tantos agujeros encuentra en su aplicación. Se abre, insisto, la oportunidad de un gran pacto de Estado porque después de los procesos electorales en marcha habrá agua en la piscina para abordar este reto.
- ¿Cambiará todo, para que nada cambie, después del 22-M? ¿Un cambio de gobierno es suficiente para estimular el crecimiento?
-Con independencia del Gobierno que venga, no podremos librarnos de ajustes muy severos que tendrán que venir, necesariamente, por la vía del gasto. El FMI ha pronosticado que hasta 2017 no conseguiremos crecer por encima del 2%. Esto tiene una traducción preocupante en términos de empleo. Tenemos que hacernos a la idea de que somos todos más pobres y cuanto antes aceptemos esta realidad, mejor.
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